REVOLUCIÓN Y CONTRAREVOLUCIÓN. Capítulo IV. Retroceso y Neoliberalismo.

REVOLUCION Y CONTRARREVOLUCION EN MEXICO. CAPITULO IV. Retroceso y neoliberalismo. 1980-2018. AURELIO ALTAMIRANO HERNANDEZ Introducción Al término del sexenio 1976-1982 se vio claramente que la presencia del Estado como órgano rector de la política económica se encontraba deteriorada. Un signo revelador fue la salida de grandes capitales que dejaron exhaustas las arcas del Banco de México, situación que obligó al gobierno a tomar una medida drástica que se venía aplazando desde tiempo atrás: la nacionalización de los bancos comerciales y el manejo de todas las operaciones de la banca por parte del Estado. Esta acción del Estado generó acerbas críticas por parte de los elementos conservadores integrados en las cámaras empresariales y un sector de la población desinformada o ligada a los intereses de los industriales y los comerciantes. En general, la intervención de los bancos fue bien aceptada por la población, que en su mayoría tiene relaciones con esas instituciones para operaciones comunes que tienen que ver poco con cuestiones de fondo de la política económica, y que no presentaron variantes de consideración respecto a los procedimientos anteriores de la banca expropiada. El endeudamiento del gobierno federal se disparó a niveles extraordinarios. La falta de liquidez se resolvió con empréstitos otorgados por la banca internacional con la garantía de las reservas de petróleo. La planificación para el siguiente sexenio consideró prioritario el pago de la deuda externa echando mano de cuanto recurso estuviera disponible. En el presupuesto federal se frenaron las inversiones en infraestructura; y varios renglones del mismo relacionados con la política social tuvieron merma en sus recursos. La desincorporación de las empresas paraestatales se inició con el argumento de que resultaban ser una carga para el gobierno y toda la estructura de la economía nacional se orientó al esquema neoliberal que se propone el adelgazamiento de la intervención rectora del Estado y el fortalecimiento de la libre expresión de las leyes de mercado. De esta manera hizo irrupción en la política nacional con agresividad y halagüeñas perspectivas el propósito largamente acariciado de las clases poseedoras de grandes capitales de intervenir en renglones clave de la economía. En la mira de las grandes inversiones tanto domésticas como extranjeras, se ubicaron los recursos estratégicos de la nación: petróleo, minería, electricidad, tierras para la agricultura y la ganadería, comunicaciones agua y recursos eólicos. Se abrió el comercio a las grandes corporaciones transnacionales, relegando a segundo término la política de industrialización basada en la substitución de importaciones; y en cuanto al sector terciario se empezó a alimentar la idea de privatizar los servicios médicos que han estado a cargo de las instituciones oficiales de seguridad social; aumentar la participación del capital privado en todos los niveles de la educación, incluyendo los aspectos normativos; disminución del interés gubernamental en la promoción del sistema alimentario, en el financiamiento de la vivienda popular y en la seguridad pública. La política colaboracionista entre Estado, empresas y trabajadores, que se inició en los años cuarenta del siglo XX, con serio deterioro del sindicalismo y que produjo un relativo bienestar con mayores ventajas para las clases poseedoras de los medios de producción, ya para los años sesenta se encontraba seriamente deteriorada y se resquebrajó en definitiva a partir de los años ochenta, dejando relegados con escasa participación en la política a los sindicatos obreros y burócratas y a las organizaciones campesinas . La conformación de las cámaras legislativas, tanto la federal como las de los estados de la República, confirmó la mayor presencia de los elementos conservadores en la política nacional. Gobernadores, senadores y diputados, inclusive presidentes municipales, fueron extraídos de las filas de industriales y de comerciantes o de gentes a su servicio. Más tarde esos cargos de elección se iban a convertir en un remedo de patrimonio familiar, al grado de que para las primeras décadas del siglo XXI es común ver que los funcionaros electos tratan y muchas veces logran heredar sus cargos a familiares cercanos y no sólo a amigos como antes se acostumbraba. Quinto periodo de transición. 1982-1988. Todos los periodos de transición han servido para fortalecer a la reacción. Significan un receso en el proceso revolucionario, que es aprovechado por los conservadores para reunir nuevos refuerzos. Esos periodos son pródigos en transacciones y es bien sabido, por muchas veces repetido, el dicho atribuido a Carranza, sólo por la rima, que “revolución que transa es revolución que no avanza”. La crisis política y económica de 1980-2000 El periodo que va de 1980 al 2000 se caracteriza por una crisis económica y política que paralizó todo desarrollo. En el discurso político se omitió toda referencia al término revolución; el pluripartidismo que parecía ofrecer un ambiente democrático se transformó en un extenso campo de experimentación política, que más tarde rindió sus frutos, pues si antes el partido oficial manipulaba a las organizaciones obreras y campesinas (CTM, CROM, CROC, CNC), consideradas como de izquierda, a grupos empresariales, comerciantes (CONCANACO), industriales (CANACINTRA) y mineros (CONCAMIN ) todos ellos beneficiados por el presupuesto federal y que no dejaban de ser de derecha, así como a un variopinto contingente de organizaciones populares (CNOP), ahora tenía la oportunidad de maniobrar para atraer a su control no a partidos ocasionales o temporales de antaño, sino a partidos consolidados con una cobertura nacional considerable. Lo que muchos consideraron un debilitamiento del partido revolucionario institucional (PRI) al fortalecerse el pluripartidismo, en realidad fue la oportunidad de ampliar su cobertura, pues tanto en la lucha electoral como en las batallas legislativas dichos partidos en lugar de desempeñar su papel de auténticos contestatarios, interlocutores o representantes del sentir ciudadano ante el gobierno, se convirtieron al oficialismo y sus cúpulas en aliados del régimen a cambio de varias concesiones en la administración pública. 1982-1988 En 1982 el nuevo gobierno inició sus funciones con un plan de austeridad que incluyó recortes en el gasto social y los servicios públicos. La cancelación de los programas sociales, la congelación de plazas vacantes y la consigna de reducir los gastos de administración, condujo a una semi-parálisis que mostró sus pésimos resultados cuando ocurrió el sismo de 1985. El gobierno fue sorprendido en una situación ayuna de servicios de protección civil, sin programas de atención en casos de desastre y una pobreza tal de iniciativas para casos de emergencia. Sólo el ejército pudo implementar su plan DN-III con muchas limitaciones y fueron las organizaciones civiles y los voluntarios quienes aportaron los esfuerzos para ayudar a los miles de damnificados. A los problemas económicos ocasionados por la exorbitante deuda interna y externa se sumaron el desastre ocasionado por el terremoto de 1985 y los efectos negativos de la caída de los precios del petróleo. La deuda pública se incrementó de 6 mil millones a 84 mil millones y el producto interno bruto (PIB) solo alcanzó un crecimiento de 0.58% como promedio anual del sexenio 1982—1988. En esa encrucijada, el régimen se vio obligado a la adopción formal del neoliberalismo, que ya se veía configurado en el esquema general del plan de gobierno. Se inició el propósito de disminuir la rectoría del Estado en la economía con la venta masiva de empresas paraestatales. El adelgazamiento del Estado se hizo realidad no solo en el ámbito económico sino también en el político con las reformas de 1986 al Código Electoral Federal. Se consolidó la influencia del Estado y del partido hegemónico en la Comisión Electoral Federal presidida por el secretario de Gobernación, Permitió al gobierno tener mayoría absoluta en el gobierno y tener todo el control de las elecciones. Asimismo, permitió más participación de la oposición y mayor número de representantes en las cámaras legislativas. El PRI no emitió convocatoria para el registro de candidatos a la presidencia de la República para el sexenio 1988-1994, siguiendo la vieja costumbre del “dedazo” a cargo del presidente. Tal conducta y todas las anomalías en que incurrió el partido desde décadas atrás, condujeron a la división interna del PRI, La Corriente Democrática (CD) promovida por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Rodolfo Gonzáles Guevara significó la oposición interna más enérgica al partido, que ya se venía gestando desde los años 60’s. Cuauhtémoc Cárdenas y sus seguidores renunciaron al PRI para integrar el Frente Democrático Nacional. La supuesta apertura democrática del periodo 1976-1988, solo sirvió para fortalecer al PAN, Por su parte, los partidos de izquierda prosiguieron su reorganización para integrarse a la próxima lucha electoral, sin apoyo del régimen que antes los utilizaba para reforzar su posición en las elecciones. Carlos Salinas de Gortari fue postulado candidato del PRI para el sexenio presidencial 1988-1994. Cuauhtémoc Cárdenas fue registrado como su candidato por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) en el que militaba la “vieja guardia” de los revolucionarios. A esa postulación se adhirieron los partidos de la izquierda socialista. Las elecciones presidenciales se realizaron el 6 de julio de 1988 Hubo una gran afluencia de votantes, atraídos por la confrontación de tres corrientes políticas; una, la del oficialista PRI que ya apuntaba al empeoramiento de la retrogradación de las conquistas sociales; otra, la del PAN con sus consabidas propuestas de defensa del “bien común”, de la libertad religiosa y de la expansión de la libre empresa; y el PARM con su elenco socialista, por la defensa de la revolución social, de corte liberal, plasmada en la Constitución de 1917. A las seis de la tarde del día de las elecciones, era un clamor nacional que el triunfo había correspondido a Cárdenas. Minutos después se apagó el sistema de cómputo nacional, y el enojo y la incertidumbre se apoderaron del ánimo popular. Corrió desde ese instante la versión de que se estaba cometiendo un escandaloso fraude, y esa fue la tónica de las protestas populares que arrancaron de inmediato. Movilización civil de Cárdenas y de Clouthier. Las movilizaciones sociales, citemos como ejemplos las que ocurrieron durante la campaña electoral de 1988 para apoyar las candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas (FDN) y de Manuel Clouthier (PAN) y las posteriores a las elecciones de ese año que proclamaron el triunfo de sus respectivos candidatos sobre Carlos Salinas de Gortari,(PRI), fueron expresiones espontáneas de apoyo a los candidatos opositores por amplios sectores de la población ciudadana, que se sintió defraudada por todas las irregularidades cometidas durante el proceso electoral. De nada sirvieron las protestas de la oposición que votó por Cárdenas y Clouthier. Después de que los dirigentes del Frente Democrático Nacional (FDN) dieron la impresión de haberse disciplinado, las bases de la derecha tradicional afiliadas al partido acción nacional (PAN) continuaron sus protestas encabezadas por su líder Manuel Clouthier, Tal estado de cosas provocó el rechazo al gobierno señalado como espurio, resultante del golpe de estado cibernético que no permitió conocer el verdadero resultado de los comicios presidenciales. Clouthier falleció en un accidente automovilístico, cuando arreciaba su movilización contra el fraude electoral. El FDN se convirtió en partido de la revolución democrática (PRD) que después pasó a formar parte del elenco adherido al partido del gobierno y ocasionó que Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y muchos militantes renunciaran a ése partido. En 1990, cuando la inconformidad de grandes sectores de la población era manifiesta por el rumbo regresivo que tomaba la política gubernamental, se autorizó la exhibición del filme “La Sombra del Caudillo” en las salas públicas; quizás con la intención de recordar a los políticos de la oposición la enorme fuerza de represión del gobierno. Para entonces, la desinformación del público sobre los acontecimientos históricos aludidos no permitió apreciar el mensaje del filme y muchos jefes militares, a quienes hubiera podido ofender de alguna manera el contenido del filme, habían muerto. Por otra parte, los tiempos no eran de marcada intervención del ejército en política; el partido oficial era dirigido por civiles; se habían cerrado bien las pinzas de control sobre su actuación y el instituto armado aparecía como fiel disciplinado al poder civil. Cambios en el instituto electoral. El sistema político tomó muy en cuenta el enojo y repudio popular. Con el fin de introducir un elemento de estabilidad política la antigua comisión federal electoral (CFE) conformada por funcionarios gubernamentales se transformó en 1992 en instituto federal electoral (IFE) en el que se abrió la participación de consejeros de los partidos políticos registrados. El IFE pareció contribuir a que las elecciones para la renovación de los poderes federales de los periodos 1994-2000 y 2000-2006 arrojaran cifras más confiables. No contribuyó en nada a que las campañas electorales fueran edificantes; sobre todo la del PRI en 1994 que resultó trágica y decepcionante. El EZLN y el EPR , guerrillas de fin del Siglo XX. La tercera etapa de guerrillas la cubren en el siglo XX el alzamiento del ejército zapatista de liberación nacional (EZLN) el 1º de enero de 1994 en los Altos de Chiapas y la sobrevivencia del ejército popular revolucionario (EPR) que cumplía décadas de estar vigente en varias regiones del país. Sin duda, la experiencia de los guerrilleros de mediados del siglo sirvió de mucho a los nuevos y renovados protagonistas, que implementaron operativos motivo de preocupación para el gobierno. La guerra declarada por el EZLN al régimen neoliberal establecido se produjo en medio de la agitación política causada por el inicio de la campaña del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Cuidó de ser marcada con el signo de la improvisación al proclamar sus propósitos en documentos que establecieron un plan y programa a seguir; se estructuró y organizó de modo que produjera más bien un impacto mediático o publicidad masiva en los ámbitos nacional e internacional en lugar de una prolongada resistencia, en una coyuntura política que incluía la puesta en vigor del tratado de libre comercio (TLC) -- EE. UU., Canadá y México--, y el inicio de la campaña electoral del candidato presidencial del PRI para el sexenio 1994-2000. Los primeros combates se dieron con recursos limitados, a sabiendas de que por la magnitud de la provocación la respuesta gobiernista iba a ser enérgica y sostenida. La comandancia del movimiento que se mantuvo y se mantiene en las sombras –pues el que ha dado la cara embozada fue el subcomandante Marcos--, calculó la respuesta popular, que fue de simpatía y aprobación, ya que diversos sectores estaban lastimados por la conducción de la política neoliberal y contraria a los principios constitucionales y antipatriótica adoptada por el gobierno de Carlos Salinas, quien movilizó a todas las fuerzas armadas contra la sublevación. Era de esperarse que las mayorías populares reprobaran la enérgica ofensiva del ejército federal; el gobierno se vio obligado a declarar un cese de fuego unilateral y prefirió dialogar con los rebeldes. Las negociaciones que se realizaron con intervención de dos personajes que levantaron polémicas sobre su actuación: el obispo Samuel Ruiz, promotor de la teología de la liberación, y Manuel Camacho Solís, ex-precandidato presidencial, condujeron a la amnistía y a la transformación del EZLN en el frente zapatista de liberación nacional (FZLN). El pueblo mexicano con “hambre y sed de justicia” Ante una gran concentración de partidarios frente al Monumento a la Revolución, Colosio se vio obligado a pronunciar el 6 de marzo de 1994 un enérgico discurso en el que señaló la existencia de una enorme masa de ciudadanos mexicanos “con hambre y sed de justicia”. Asimismo declaró su disposición a asumir un plan de gobierno que diera solución efectiva a los problemas de sobrevivencia que enfrentaban las masas populares. Este histórico discurso fue interpretado por la clase política como una declaración de rompimiento con el régimen anterior, y empezaron las elucubraciones, dimes y diretes, sobre todos los temas afines hasta de un posible cambio de candidato oficial en plena campaña. Para bajar la tensión política y despejar un tanto las incógnitas, se produjo un encuentro privado entre Colosio y Camacho Solís a mediados de marzo y se presumió la existencia de un acuerdo entre los dos para impulsar la democracia, no debilitar al partido y continuar la lucha electoral con mejores expectativas. Camacho, en realidad, buscaba la formación de un nuevo partido de centro democrático, para tratar de reconciliar a las grandes masas de población polarizadas por la agudización del contraste en las condiciones de vida de las familias mexicanas. Mientras algunos grupos privilegiados usufructuaban los beneficios de las reformas constitucionales del neoliberalismo, la mayorá del pueblo seguía transitando en medio de la escasez de recursos económicos y la pobreza extrema, o lo que es lo mismo de la más espantosa miseria. Colosio ,afectado por el desprestigio del PRI Perjudicó seriamente a la campaña presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio , el desprestigio acumulado del régimen neoliberal de Salinas ,la coincidencia en el tiempo con la sublevación del EZLN (1 de enero de 1994) y el protagonismo de Manuel Camacho Solís, ex Jefe del Departamento del Distrito Federal y Coordinador de las pláticas de paz con el EZLN, que se autoproclamaba a través de sus amigos en la prensa, las incipientes redes sociales y la radio y televisión, como el más indicado para candidato a la Presidencia, El ejercicio del poder del FZLN se enfocó hacia actividades de gobierno inspiradas en usos y costumbres de las comunidades en que fijaron su territorio los amnistiados. Los graves acontecimientos ocurridos en 1994 relegaron al EZLN a segundo término El crimen político que estigmatizó al régimen neoliberal. El 23 de marzo de 1994 fue asesinado en Lomas Taurinas de Tijuana, Luis Donaldo Colosio, en circunstancias que evidenciaron la existencia de un complot para eliminar del escenario nacional todo intento de ruptura con el régimen neoliberal. Se manejó la hipótesis de un asesino solitario, como en el caso del asesinato del presidente electo Älvaro Obregón en 1928.. Las diversas atapas de la investigación no ahondaron lo suficiente en detalles que pudieran arrojar luz sobre el caso: ausencia del coordinador nacional de la campaña presidencial, Ernesto Zedillo en la organización del evento masivo; cambio súbito del lugar del mitin, desaparición del video de TV en que se ve una mano alzada con un revólver instantes después del disparo letal, presencia de un segundo proyectil en el cuerpo de la víctima, diferencias notables en las fotografías inmediatas del presunto asesino y las que aparecieron después en la prensa y la televisión, una serie de asesinatos de personas que estuvieron cerca de los acontecimientos de ese día, el paralelismo entre el crimen y otros magnicidios en que se advierten evidencias de conspiración, el ocultamiento de responsables, la presunta existencia de un asesino solitario; la participación de expertos en magnicidios en escenarios con mucho público, como en los asesinatos de los hermanos Kennedy y una rápida remodelación del escenario del crimen. Los familiares del asesino se exiliaron voluntariamente en EE.UU:, alegando motivos de seguridad. Para agravar la situación, el 28 de septiembre del mismo año, 1994, fue asesinado José Francisco Ruiz Massie,, ex -gobernador de Guerrero, líder de la recién integrada Cámara de diputados, secretario general del comité ejecutivo nacional del PRI, muy cercano al difunto ex-candidato Colosio y a la familia presidencial. El asesino material denunció a Raúl Salinas de Gortari como instigador del crimen, quien fue arrestado el 28 de febrero de 1995, sometido a proceso, encarcelado por diversos delitos y finalmente liberado, diez años después, el 14 de junio de 2005 en el gobierno panista de Vicente Fox. 1994—2000. El ocaso de la Revolución Mwxicana. En medio de una crisis económica y política, Ernesto Zedillo tomó posesión de la Presidencia el 1 de diciembre de 1994. El partido gobiernista había volcado todos sus recursos a favor de Zedillo para sacar adelante su candidatura. El levantamiento indígena en Chiapas y los dos crímenes políticos del año habían dañado seriamente al régimen en los planos nacional e internacional. El tejido socio-político señalaba un deterioro del sistema que ponía en riesgo la permanencia del partido oficial en el poder. Los partidos PAN y PRD, que entonces aparecían todavía como adversarios del PRI, no aliados como se hicieron después, vieron la ocasión de renovar el triunfo de sus partidarios. Para el periodo 1994-2000, el PRD postuló a Cuauhtémoc Cárdenas para el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal. El triunfo de Cárdenas fue arrollador, pues la ciudad de México y los municipios conurbados se habían convertido en un bastión de la oposición de izquierda. El gobierno federal trató de minimizar la victoria de la izquierda, en carteles distribuidos masivamente en los que se señalaba al Distrito Federal apenas como un punto perdido en la geografía nacional. De nada le sirvió al régimen simular su menosprecio a la fuerza política adquirida por el PRD con la conquista de la capital de la República, cuya representatividad equivale al conjunto de cuando menos cuatro Estados de la República. Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, como una escala de consolidación de la izquierda oficialista, con miras a las elecciones presidenciales de 2,000. El Robo del Siglo. FOBAPROA. A escasos días de su toma de posesión, Zedillo se enfrentó a la peor crisis económica y política del régimen neoliberal en México. Se intentó echar toda la culpa del desastre al nuevo gobierno, llamándolo “el error de Diciembre”, pero, en la realidad, fue el resultado de seis años de apresurado afán de desmantelar la intervención del Estado en la economía, el cual condujo a numerosos errores alimentados por la irresponsabilidad, negligencia y complicidad de conspicuos representantes de las finanzas nacionales. En diciembre de 1994 se inició una masiva fuga de capitales, en el contexto internacional que señalaba a México como país de alto riesgo. El retiro de grandes sumas de divisas extranjeras, principalmente dólares, trajo consigo la devaluación del peso y sus consecuencias inmediatas, entre éstas la falta de liquidez de los bancos y de su clientela, las personas físicas y morales que se vieron en la necesidad de retrasar sus pagos. La moratoria en los créditos se disparó a cifras alarmantes. En la legislación regulatoria de las operaciones bancarias, hasta la fecha de la expropiación de los bancos decretada por el gobierno de López Portillo en 1982, la Ley del Encaje Legal había previsto que en determinadas circunstancias los bancos se quedaran sin fondos suficientes para atender sus operaciones. La ley los obligaba a depositar en el Banco de México un porcentaje de todos los depósitos que recibían del público por concepto de ahorros e inversiones. Este depósito en Banxico garantizaba los recursos de los usuarios de la banca. En 1990, se ignoró el Encaje legal, al realizar Salinas de Gortari con la anuencia de los partidos PRI y PAN que hacían mayoría en el Congreso, la reprivatización de la banca comercial que entregó las concesiones sin el pago de impuestos principalmente a empresas extranjeras. Los banqueros acordaron formar el fondo bancario para la protección del ahorro (FOBAPROA), que a la hora de la crisis de diciembre de 1994 no tuvo los recursos suficientes para afrontar el problema. Ante la amenaza de un colapso de la economía nacional, el gobierno intervino, pero no con la nacionalización de la banca como en 1982, que era lo razonable ante la impudicia, irresponsabilidad y complicidad de los banqueros, sino implementando con la aprobación del Congreso de la Unión, dominado por el PRI y el PAN, el rescate de los bancos con préstamos extraordinnarios obtenidos de bancos extranjeros con cargo a la deuda pública. Se consumó así el mayor atraco a la economía nacional. El FOBAPROA se convirtió en el símbolo del Robo del Siglo y los mexicanos quedamos endeudados por muchas décadas, pagando intereses exorbitantes por algo que solo benefició a una élite depredadora. El PAN conquista el poder presidencial. Las elecciones presidenciales del año 2000 fueron muy reñidas. El PRI, con una carga enorme de desprestigio a cuestas por los errores cometidos en los últimos sexenios, recurrió a sus viejos tiempos y apoyó como candidato a Francisco Labastida, heredero de los cacicazgos de Sinaloa, los mismos que se opusieron a la llamada democratización del PRI que encabezó Carlos A. Madrazo en 1963-1964. El PAN lanzó a Vicente Fox, un empresario sin relevancia política, con mayor experiencia en el mercado como funcionario de una corporación transnacional. El candidato del PAN apoyado por la mercadotecnia aplicada a la campaña electoral, empezó a destacar como serio contrincante de los otros partidos. El PRD, fortalecido con mayor militancia en el sexenio 1994-2000, postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial. La oposición de izquierda se estaba consolidando a nivel nacional. Cárdenas aceptó la candidatura presidencial y en su lugar quedó Rosario Robles a cargo del gobierno del Distrito Federal (CDMX). Con Cárdenas como candidato a la Presidencia de la República el PRD. se auguraba una respuesta del electorado igual a la de 1988, posiblemente reforzada por el enorme desprestigio del PRI ocasionado por los graves acontecimientos de 1994: levantamiento armado de indígenas en Chiapas, asesinato del candidato presidencial y del secretario general del PRI, y el escandaloso fraude de FOBAPROA. El PRI se vio derrotado antes de contender en la lid electoral. La división en sus filas se agudizó con la postulación como candidato presidencial de Francisco Labastida, heredero de los viejos políticos de Sinaloa que causaron dolor de cabeza al partido en 1963-1964 cuando se intentó por Carlos A. Madrazo la llamada democratización del PRI. El partido oficial no dispuesto a perderlo todo volteó a ver a sus antiguos aliados. Cuando el PRI participó en la campaña electoral de 2,000, estaba ya muy deteriorada su posición política. La amenaza del triunfo de la izquierda representada por Cuauhtémoc Cárdenas, movilizó en todo su potencial a la extrema derecha encabezada por el PAN. El PRI debilitado, cedió el paso a la reacción conservadora infiltrada en sus filas desde décadas atrás; se llegó posiblemente hasta a una alianza de los falsos revolucionarios con el panismo para frenar el avance de la izquierda heredera de los partidos PNR, PRM y PRI original. La reacción conservadora en el poder. Vicente Fox ganó la elección. La segunda organizada por el INE --la primera fue la que ganó Zedillo--, sin protestas de fraude de la oposición. Por segunda vez, el instituto nacional electoral (INE) primero con Zedillo y luego con Fox, se dio el lujo de demostrar la prueba de elecciones menos controvertidas. En ambos casos se dio la alianza subterránea entre el PRI y el PAN para rebasar al PRD que estaba en proceso de consolidación. El regocijo cundió a escala nacional en las filas de la derecha; era la primera vez que el PAN conquistaba la presidencia de la República. Por su parte el PRD sólo manejó el supuesto de que había habido un acuerdo bajo la mesa entre los partidos opositores de centro-derecha y la reacción conservadora para negarle el triunfo. El sistema político mexicano (SPM) dio una vez más muestras de su gran poder de adaptación. La alianza subterránea o más bien disimulada del PRI con el PAN maniobró para que el candidato del PAN, Vicente Fox, sin grandes méritos políticos pero sí apoyado por la mercadotecnia y la complacencia del gobierno, resultara triunfador para inaugurar la presencia de la derecha tradicional a nivel del presidencialismo. La consigna fue impedir a cualquier costo el ascenso de la izquierda. Triunfo y división del PRD en la Capital. Empero, la jefatura de gobierno del Distrito Federal quedó nuevamente en manos de la oposición representada por Andrés Manuel López Obrador del PRD. Este triunfo de la oposición se vio en parte opacado por la división interna que se generó en las filas del PRD, encabezada por Rosario Robles, que se vio relegada desde el momento en que López Obrador fue proclamado candidato del PRD al gobierno de la ciudad de México. Esa división no fue ajena al montaje del escándalo mediático relacionado con operaciones de dinero, en que figuraron personajes políticos muy cercanos a López Obrador –René Bejarano y el tesorero del gobierno capitalino--, el primero denunciado por recibir gruesas sumas de dinero de Carlos Ahumada, director de un diario hoy desaparecido y muy allegado a Rosario Robles, y el tesorero señalado por su afición a los juegos de azar en casinos o casas de apuestas en Las Vegas. Las denuncias no prosperaron, pero indicaron que se estaba gestando una conspiración para neutralizar al presunto candidato del PRD en la próxima contienda electoral 2006-2012. En el gobierno capitalino, López Obrador implementó programas sociales en favor de las clases más desprotegidas habitantes de las colonias marginadas. Fox contra López Obrador. Una maniobra frustrada. El golpe final contra AMLO --apodado así por sus partidarios--, se dio cuando fue denunciado por la procuraduría general de la república (PGR) por incumplimiento de un laudo judicial en perjuicio de un propietario de terreno expropiado para abrir el paso a un centro hospitalario. Se abrió el juicio de desafuero y López Obrador se presentó en la Cámara de Diputados, en donde hizo una enérgica defensa de su caso. Dejó el gobierno del D.F. en manos de Alejandro Encinas, secretario general de gobierno. Las protestas multitudinarias de los partidarios de AMLO generadas en varias ciudades de la república, por lo que consideraban un atentado a los derechos ciudadanos del jefe de Gobierno capitalino, y las amenazas de una inestabilidad política de magnitud imprevisible, cambiaron el rumbo de los acontecimientos. La PGR se desistió de los cargos, el procurador renunció a su puesto y AMLO se dedicó a preparar su propia campaña presidencial. Movilización civil de Andrés Manuel López Obrador. Apoyado por el PRD, AMLO inició un recorrido en toda la extensión del territorio nacional, poniéndose en contacto directo con los líderes comunitarios perredistas y la población de zonas marginadas. Su popularidad creció y se convirtió en un riesgo para las aspiraciones de sus adversarios políticos, quienes empezaron por adjudicarle el mote de “Un Peligro para México”. Se le tachó de demagogo, populista, socialista y comunista. En el PAN se frustró la precandidatura de Santiago Creel, secretario de Gobernación y resultó candidato presidencial Felipe Calderón Hinojosa. Esta decisión sería suficiente para que en cualquier otro partido se produjera una división que debilitara su posición en la lid electoral; pero en el PAN, cuyo aglutinante para mantener unidos a sus militantes es el interés por la cantidad de dinero y demás bienes materiales que poseen o aspiran a poseer, la cuestión del candidato pasó a segundo término. La “vieja guardia” del PRI postuló a Roberto Madrazo Pintado, ex-gobernador de Tabasco y ex-presidente del PRI, hijo del líder priista Carlos A. Madrazo, quien era de filiación cardenista y cercano a López Mateos, mismo que pretendió hacer una reforma democrática en el partido oficial a principios del gobierno de Díaz Ordaz y fue obligado a renunciar por una coalición de gobernadores, caciques, lideres campesinos y obreros favorecidos por el “dedazo” presidencial. El PAN repite con Calderón en la Presidencia. El partido conservador y sus aliados, el partido verde ecologista (PVE) entre ellos, consideró el riesgo de enfrentarse a los candidatos de dos partidos (PRI y PRD) con antecedentes revolucionarios, y echó mano de cuantos recursos tuvo a la mano. Los resultados de la votación favorecieron a Calderón por una escasa diferencia inferior al 1% con la votación a favor de López Obrador. Se acusó al PAN de alterar la información electrónica de la votación a cargo de expertos ligados a la familia del candidato panista. En las masas populares afectas al PRD quedó la impresión de que la elección presidencial había sido robada. El IFE hizo mutis de la situación y el presidente panista tropezó con una enérgica protesta de los diputados perredistas que le impidieron la entrada por la puerta principal de la Cámara Baja el día de la toma de posesión, el 1º de diciembre de 2006. Calderón entró por la puerta trasera resguardado por los diputados panistas. No se podía esperar del nuevo gobierno ninguna acción a favor de las clases y grupos más necesitados de la población nacional. Desde el inicio de la política neoliberal en 1988, los tres Poderes de la Unión fueron proclives a las reformas constitucionales que favorecieran a la inversión privada, nacional y extranjera, y contribuyeran al adelgazamiento de la intervención del Estado benefactor en la economía nacional. Con la intención de legitimarse ante la opinión pública y borrar su imagen de presidente espurio, Felipe Calderón se echó a cuestas la tarea de combatir a los traficantes de las drogas ilícitas, que tenían sus cárteles en varios Estados y se combatían entre sí. La medida involucró sin bases legales al Ejército y la Armada Nacional, sacando a los soldados y marinos de sus cuarteles para dedicarlos a labores policiacas. La movilización militar fracasó después de causar un “efecto colateral” --como lo llamó el gobierno--, de cerca de 250 mil civiles, entre muertos y desaparecidos, en las operaciones contra el trafico ilegal de drogas. Las causas del fracaso tuvieron que ver con 1) el apoyo que la población en situación de miseria brindaba a los delincuentes, que retribuían la ayuda con dinero y otros recursos para la subsistencia de las comunidades marginadas; 2) a la inexperiencia de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada de los mafiosos, que tenían sus fuentes de abastecimiento óptimo a cargo de financieros adiestrados al efecto; 3) a la conexión de los cárteles con funcionarios clave del gobierno que les brindaban apoyo en diversos aspectos, como se demostró años después, y 4) al carácter transnacional del giro negro de las drogas ilícitas, apoyado por consorcios extranjeros bien dispuestos a dotarlo de armas y dinero. El EZLN en receso, en los Altos de Chiapas. Una relativa paz y tranquilidad se mantuvo en la región lacandona de Chiapas en la primera década del siglo XXI, cuando el partido acción nacional ocupó la presidencia de la república (2000-2012) hasta que el partido revolucionario institucional (PRI) regresó al poder. Entonces, nuevas declaraciones del subcomandante Marcos renovaron su protagonismo. Cabe mencionar que el FZLN ha incurrido cuando menos en tres caracterizaciones que son importantes para definir su perfil político y su vigencia en el momento actual: 1). No proclama su adhesión a ningún partido político; pretende mostrarse apartidista, aunque su ideario lo coloca en la situación de quien pretende convertirse en núcleo de un sistema político con pretensiones de gobierno. En este aspecto, parece ajustarse a los lineamientos de las instituciones religiosas de cualquier parte del mundo, que a la vista no muestran preferencia por partido alguno, pero de manera discreta u oculta promueven y defienden a capa y espada un credo político. 2). Su pasividad y conformismo durante los doce años que duró la alternancia del PAN en el poder no se compagina con las proclamas de justicia social del EZLN de finales del siglo XX. Dio la impresión de estar de acuerdo con la ausencia de cambios trascendentales a favor de los marginados en el gobierno de Vicente Fox, que decepcionó en otros aspectos a sus mismos partidarios. No sumó el FZLN su voz a las enérgicas protestas que se elevaron contra el fallido combate al tráfico ilegal de drogas en que Felipe Calderón involucró sin apego a la ley al ejército federal y a las fuerzas navales. Las decenas de miles de muertos que causó esta segunda “guerra sucia” dirigida contra los “narcos” y de paso contra los grupos e individuos disidentes, mereció la repulsa y condena de grandes sectores de la población; pero el FZLN se mantuvo a la expectativa como en la posición de quien calla otorga. 3). En 2015, cuando se dan por consumadas las reformas estructurales que conllevan cambios sustanciales y regresivos en los derechos sociales consagrados por la Constitución de 1917, el FZLN se mantiene encapsulado en sus montañas y selvas lacandonas, al parecer indiferente a la enajenación del patrimonio nacional y a la destrucción de la soberanía e independencia republicana. Desde los años 80’s, a raíz de la implantación del régimen liberal, existe una movilización política nacional, de carácter civil y pacífica, que lucha porque se mantengan vigentes las conquistas consagradas en los artículos revolucionarios (3°, 27°, 123°, 130°) y los demás que implican avances en la procuración de los derechos humanos y del bienestar social. Las dos primeras década del siglo XXI se convirtieron en el momento idóneo para que cualquier organización política, o individuo, que asume con seriedad y responsabilidad sus convicciones, participara y aportara su experiencia en la discusión de los grandes problemas nacionales. El EZLN, desde su amnistía, no se volvió a pronunciar en favor de los derechos humanos, individuales y sociales, a pesar de los graves atropellos a la seguridad de la población civil, durante la fracasada guerra contra los traficantes de drogas ilícitas encabezada por Felipe Calderón durante el sexenio 2006—2012. Por segunda vez, López Obrador se postuló como candidato a la Presidencia, ahora para el sexenio 2012—2018. En el interior del PRI, el Grupo Monterrey de Salinas que pretendía imponer a Manlio Fabio Beltrones se plegó ante la presión del Grupo Atlacomulco que postuló a Enrique Peña Nieto. La campaña presidencial de los tres candidatos se realizó con gran despliegue de publicidad y derroche de ataques personales contra los postulantes. El PAN, como en ocasiones anteriores, tuvo a su disposición las arcas de sus militantes millonarios, dispuestos a aportar grandes sumas con la esperanza de recuperarlos al triunfo de su candidato en forma de contratos, condonaciones de impuestos, altos puestos gubernamentales y toda la retahíla de privilegios acostumbrados en estos casos. Por su parte, el PRI recurrió a la vieja práctica de compra de votos, con la participación de tiendas departamentales que repartieron tarjetas de crédito al consumo a presuntos militantes del partido. Se echó mano una vez más de prácticas antiguas como el reparto de materiales de construcción y despensas a los asistentes a mítines y concentraciones del partido oficial. Los recursos destinados a programas sociales fueron desviados a la campaña presidencial, además de las prácticas de coacción aplicadas a los empleados del gobierno. Antecedentes de MORENA El PRD, ante la derrota por tercera ocasión de sus candidatos, una con Cuauhtémoc Cárdenas y dos con Andrés Manuel López Obrador, replegó sus fuerzas y empezaron a surgir en sus filas grupos proclives al colaboracionismo con el nuevo gobierno de derecha, para finalmente sumarse al espurio y antipatriótico Pacto por México con el PRI y el PAN en el sexenio de Peña Nieto. De frente a las elecciones presidenciales de 2018, La deslealtad de la fracción del PRD que se disciplinó al gobierno panista y siguió abiertamente la ruta del colaboracionismo, molestó sobremanera a los fundadores del partido de izquierda, quienes optaron por renunciar e impulsar la formación de un nuevo partido que promoviera la renovación democrática del viejo sistema. Irremediable la división interna del PRD Se agudizó la división que ya se venía gestando en el PRD y obligó a AMLO a tomar por su cuenta una campaña casi personal, auxiliado por unos cuantos colaboradores, para recorrer todo el territorio nacional con el propósito de promover un movimiento de regeneración nacional. Fue recibido con muestras de simpatía en todos los poblados que visitó, pues había calado hondo en el ánimo popular su ofrecimiento de desaparecer los fraudes electorales, el robo de los recursos públicos destinados a programas sociales, la entrega de los recursos estratégicos de la Nación a la inversión privada nacional y extranjera en abierta contradicción con las leyes mexicanas, así como la obstinada agresión a los derechos sociales consagrados en la Constitución de la República. El IFE se transforma en INE. En el año 2015, el instituto federal electoral (IFE) se transformó en instituto nacional electoral (INE) con la intención de adecuarlo a un viejo propósito de los conservadores, el de quitar el carácter federal a las instituciones políticas, y con el pretexto de que la federalización del instituto electoral cometía agresiones a la soberanía de las entidades federativas, se optó por llamarlo “nacional”, lo cual no sirvió para nada, pues la intromisión del centro en las elecciones estatales y el poder de los caciques siguieron siendo las lacras del sistema. Desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. En septiembre de 2014 ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, que no han aparecido, y cuyo secuestro dio motivo a un escándalo de alcance internacional que pone en entredicho la procuración de la justicia y de los derechos humanos en México. Más de siete años después, en 2022, el caso sigue sin respuesta satisfactoria por parte del gobierno. Este caso policíaco, que se hubiera podido resolver con sanciones administrativas municipales a los estudiantes que trataron de secuestrar camiones de pasajeros para sus protestas, se complicó por la intromisión de miembros del ejército, de la armada, de la policía federal, de los gendarmes municipales y hasta de autoridades estatales y federales de alto nivel, lo cual hizo pensar a la opinión pública, la de los analistas políticos y de la vox populi sobre la existencia de causas ocultas de mayor envergadura.. El caso se relacionó de inmediato con el tráfico de estupefacientes, que en ese tiempo se ligaba por costumbre con cualquier hecho delictivo trascendente. Se habló de un deliberado intento de secuestro y robo de un cargamento prohibido guardado en los camiones de pasaje, así como de un desafortunado incidente en que los estudiantes por error eligieron vehículos con carga clandestina que fueron finalmente causa de su desgracia. Versiones de testigos obtenidas años después, publicadas en libros y reportajes periodísticos, hablan del caso como una desaparición de testigos. La movilización de López Obrador a lo largo y ancho del territorio mexicano dio origen al Movimiento de Regeneración Nacional. El movimiento le adjudicó un considerable capital político con el cual se sintió confiado en el triunfo. Aglutinó en torno a su proyecto de Nación a gran número de ciudadanos hartos de los abusos cometidos en los últimos seis sexenios (1982—2018)), a numerosos disidentes del PRI, del PRD, del PT y de miembros de nuevos partidos que se sumaron a su causa. No faltaron los oportunistas de siempre, como ocurre en la formación de todos los nuevos partidos. Reformas estructurales y contrarrevolución. En cuanto se refiere a los artículos 3, 27,123 y 130 constitucionales, la meta de los gobiernos del periodo 1980—2018 fue modificarlos de manera que sirvieran a los propósitos del neoliberalismo: a) orientar la educación desde la básica hacia el individualismo y privatizar la educación superior, b) eliminación del reparto agrario y apertura de las tierras ejidales y comunales a la inversión privada. c) privatización de los servicios a cargo de las empresas del Estado, d) reducir la función proteccionista del Estado, disminuir el costo de la mano de obra, y desaparecer la seguridad social, e). En general, adelgazar la intervención del Estado en la economía nacional, declarar la autonomía del Banco central, entregar la banca comercial a la banca transnacional, abrir espacios a la inversiones particulares, nacionales y extranjeras en las actividades estratégicas y prioritarias que antes estaban a cargo de las paraestatales. La educación condicionada a los intereses de partido. Las reformas educativas constitucionales y operativas expresadas en planes y programas pedagógicos han estado orientadas a condicionar, a partir del nivel primario, la mentalidad de los educandos hacia la aceptación de determinados credos y creencias que van limitando su capacidad de razonamiento. Se privilegia el individualismo en lugar del compromiso social, se pretende ignorar las materias de civismo e historia en perjuicio de la conciencia y memoria colectivas. Por favorecer los ideales de convivencia y solidaridad social, que son muy útiles en una sociedad justiciera, se busca borrar u ocultar la existencia de la lucha de clases que es el motor de la historia. La educación se ha convertido en una mercancía que se cotiza en los planteles privados a precios inaccesibles a la población de escasos recursos. Atentados contra la política de desarrollo agrario. En el periodo de transición de Miguel de la Madrid y el sexenio de Carlos Salinas, se armó el andamiaje que sirvió para establecer la política neoliberal. Se abandonó el apoyo al campo, aumentó el número de migrantes campesinos a EE. UU. en busca de trabajo, el vocablo revolución se volvió tabú en el discurso político, y junto con la venta de las empresas paraestatales se empezó a diseñar las reformas constitucionales de 1992 que acabaron con el reparto agrario, convirtieron las tierras ejidales y comunales en mercancía sujeta a las leyes del mercado, para el usufructo de las inversiones privadas. La apertura que trajo para el capital extranjero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) significó la entrega de concesiones a monopolios extranjeros para la explotación minera de grandes extensiones de tierras, así como la utilización de aguas superficiales y mantos acuíferos en la industria y corrientes de aire para la generación de energía eólica. Desde tiempos atrás, que se remontan al periodo revisionista y de equilibrio inestable de 1940—1980, el tráfico ilegal de terrenos ejidales y comunales fue una práctica corriente en el país. El crecimiento de los centros de población, principalmente en el medio urbano, fue creando la necesidad de más territorio para la construcción de viviendas, plazas públicas, centros comerciales y parques industriales; por lo que se fue haciendo necesario la apropiación de terrenos de los ejidos. La legislación agraria establece la condición de inalienables, imprescriptibles e inembargables de las tierras ejidales y comunales, por lo que no podían ser objeto de compra-venta. Los traficantes de terrenos, con la complicidad de comisariados y autoridades recurrieron a diversas prácticas ilegales para obtener la posesión de grandes extensiones de parcelas ejidales. Como consecuencia, las propiedades construidas en terrenos obtenidos de esa manera, carecieron de certeza jurídica y la incertidumbre sobre su legitimidad fue una constante todo del tiempo en la naturaleza de la propiedad privada territorial. La reforma de 1992 del Artículo 27 constitucional, planteó la necesidad de regularizar la propiedad de las tierras cedidas al crecimiento urbano, como paso previo a la privatización de las mismas. De esta manera se pensó dar certeza jurídica a la propiedad derivada de un proceso ilegal al parecer irreversible. La medida gubernamental abrió las puertas al desmantelamiento de toda la política agraria consagrada en el artículo 27 constitucional original y desató la apropiación abusiva por particulares de las tierras ejidales y comunales. En México, el número de ejidos y comunidades agrarias asciende a la cifra de 31,873. Los ejidos suman 29,519 y las comunidades agrarias son 2,354.. Hay 3.5 millones de ejidatarios y comuneros, 4.6 millones de parcelas y 4.3 millones de solares urbanos. La superficie de los ejidos abarca el 50 % del territorio nacional ( 52% en 2015 según el CEDRSSA de la cámara de Diputados) y más del 25% del total de trabajadores del país. (Datos de 1993). Los trabajadores a merced del mercado laboral. La transformación paulatina del partido revolucionario institucional (PRI) en un órgano anodino disciplinado a los intereses del poder Ejecutivo, se inició desde los años del desarrollo estabilizador (1958-1968), y lo fue convirtiendo en una comparsa de los vaivenes políticos. Los corporativos obreros y campesinos se fueron disolviendo hasta convertirse en marionetas al servicio de las concertaciones y los pactos gubernamentales convenidos con capitanes de la inversión privada.. Los sindicatos que antes tenían mayor presencia en las cámaras legislativas, fueron dejando las curules a los representantes de la inversión privada, dispuestos éstos a aprobar cuanta iniciativa favoreciera los intereses de la clase empresarial. La confederación nacional campesina (CNC), antaño muy combativa, cerró sus puertas y en su lugar aparecieron otros organismos espurios, como Antorcha Campesina, que tomaron las banderas del movimiento campesino, apadrinados desde las mismas esferas gubernamentales, para manipular las protestas de la gente del campo. Con el fin de abaratar la mano de obra, no aplicar el otorgamiento de las prestaciones de la seguridad social y eludir la protección de la legislación laboral, las empresas recurrieron a la contratación por intermediarios (outsourcing) con grave perjuicio de los derechos de los trabajadores. En el servicio público se estableció en las dependencias autónomas la contratación por Servicio Profesional, similar a la contratación por honorarios, sujeta a renovación discrecional a juicio del contratante mediante exámenes periódicos de productividad. Los maestros estuvieron sujetos a exámenes periódicos para constatar su competitividad, se menospreciaron sus títulos profesionales y su capacitación se centró en el ideal de superación personal, sacrificando su compromiso social en aras del individualismo que rige la ideología del mundo capitalista. Quedaron muy lejanos los ideales que conceptuaban al maestro como un líder social y promotor del desarrollo de la comunidad. Ha habido un deterioro del papel proteccionista asignado a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El abuso del derecho de amparo contra las resoluciones de las Juntas y los laudos judiciales ha obstaculizado la aplicación expedita de la justicia laboral. Los juicios se llevan años de duración en las juntas y acaban por ser turnados a los tribunales en donde se resuelven en definitiva al cabo de otro largo periodo de controversias. La iglesia católica regresa por sus fueros. Terminada la Cristiada o guerra cristera (1929) la relación Estado—Iglesia entró en un periodo de paz y tranquilidad, parecido a un receso de ambas partes en su afán de alcanzar, la iglesia por su parte la expansión del credo católico, y el Estado por la suya el cumplimiento de la normativa en el ejercicio del culto público. El gobierno cardenista mantuvo buenas relaciones con el episcopado. Se dio la impresión de que el gobierno tenía mayor interés en mejorar la educación popular que propiciara en la mentalidad popular un concepto racional de la vida y del universo, en lugar de luchas estériles contra el fanatismo político y religioso que tienen su origen en la falta de ilustración y la pobreza material del pueblo. Ávila Camacho se proclamó creyente y con eso aquietó a muchos grupos inquietos por saber el comportamiento del nuevo gobierno. En los sexenios sucesivos el gobierno se hizo de la vista gorda y la iglesia católica siguió realizando sus tradicionales peregrinaciones a la Basílica del Tepeyac, la escenificación del juicio y crecifixión en Iztapalapa y una serie de eventos profano-religiosos para el entretenimiento popular. Cuando los gobiernos proclives a la globalización del imperio económico se propusieron arrasar, a partir de 1980, con lo que se había podido salvar o mejorar de la legislación avanzada constitucional de 1917, se decidieron también a terminar con las restricciones al clero interesado en participar en política, economía y educación y en todas las formas de penetración sociocultural. Hubo acercamientos con el obispo de Roma, a través de un representante del gobierno mexicano y se confirmó la disposición al diálogo e intercambio al propiciar la visita del Estado Vaticano a México. Estas visitas se realizaron en los gobiernos de López Portillo, Salinas y Fox, y marcaron el menosprecio del mandato constitucional expresado en el Artículo 130 sobre la separación del Estado y la Iglesia. En el gobierno de López Obrador, se ha observado un enfriamiento moderado en las relaciones con el Vaticano, coincidente con un distanciamiento no muy marcado con el gobierno de España. Estas incidencias se hicieron más notorias cuando el Presidente solicitó a los dignatarios de ambos Estados que pidieran disculpas a México, por los atropellos cometidos contra nuestros pueblos originarios en tiempos de la conquista y colonización. Se cumplían cinco siglos de la caída heroica de Tenochtitlan en 2021 y era necesario confirmar la dignidad, la independencia y la soberanía nacional. Fuera de esa actitud gubernamental, no se nota mayor apego al laicismo en las relaciones con las instituciones confesionales. La educación popular, víctima del régimen neoliberal. Hay que reconocer que en comparación con los años de la dictadura (1876-1910) los avances en el área de educación (1920-1940) y (1940-2000) son significativos, por una parte, de una mejor atención prestada al ramo por los gobiernos identificados con la etapa constructiva de la revolución, y, por la otra, de un crecimiento natural que responde a las necesidades de la expansión del capitalismo y de su economía global, que trae aparejada también el fortalecimiento de las burguesías nacionales. Pero, de todas maneras, la atención y el crecimiento fueron insuficientes para satisfacer las necesidades de las masas populares. A principios del siglo XXI el fracaso de las políticas educacionales está a la vista. Solo 3 de cada 10 estudiantes entre los 18 y 24 años de edad están matriculados en educación superior (2011-2012). A esto contribuye la falta de más universidades públicas, que solo representan cerca del 60% del total de las existentes, públicas y privadas, Es insuficiente la capacidad instalada de las universidades públicas para dar cabida a miles de solicitudes de egresados de los planteles de educación media superior. Se ha tenido que implantar el programa de exámenes de selección para el ingreso al nivel de licenciatura, con el resultado decepcionante de que hay miles de rechazados que se quedan sin acceso a la universidad. Si al número de rechazados se suma el de los que ni siquiera intentan acceder a la educación superior por falta de recursos, las cifras son alarmantes. La gran cantidad de rechazados pone en evidencia el bajo nivel de conocimientos de los egresados de las instituciones de educación media superior, principalmente de las oficiales, porque de las privadas es casi siempre mejor la preparación de los que aprueban el bachillerato. En esto influye también el diseño de los exámenes de admisión a las universidades y al Politécnico, formulados para restringir el número de aprobados. Los que disponen de recursos encuentran acomodo en las universidades privadas, que representan cerca del 40% del total de universidades existentes en el país. Estas instituciones en su mayoría carecen de la infraestructura adecuada, de programas académicos eficientes, no tienen maestros de tiempo completo ni áreas de investigación. Sólo atienden lo indispensable para no perder su posición en el negocio de las empresas dedicadas a la educación. Estas instituciones aprovechan la necesidad que tienen las familias de altos ingresos de dar a sus descendientes una educación privilegiada y orientada a la defensa de sus intereses de clase; hay además el propósito de satisfacer el interés de algunos de contar en la familia con títulos profesionales a falta de títulos nobiliarios. El crecido número de bachilleres que no aprueban los exámenes de admisión y no alcanzan cupo (15% de los aspirantes), ha fomentado la inversión privada en la implementación de cursos preparatorios, con sus respectivas ediciones de auxiliares didácticos a los que tienen acceso solamente los jóvenes de las clases sociales que cuentan con los recursos para asumir los costos. Las familias de altos ingresos casi siempre inscriben a sus hijos en escuelas particulares, desde el jardín de niños hasta la universidad y no tienen la preocupación de que sus vástagos no alcancen cupo en las instituciones educativas. Saben que la universidad privada del país –excepto una o dos instituciones--, no dispone de los recursos para una educación de alto nivel, pero existe la posibilidad de enviar a sus hijos al extranjero para cursar las maestrías y doctorados. Los problemas que enfrenta la educación en México desde el nivel primario hasta las instituciones de educación superior, tienen sus raíces en la política general que aplica el Estado al ramo de educación. De poco sirve que la Constitución consagre que la educación será obligatoria, gratuita, científica y laica, si en la práctica el sistema educativo no cuenta con suficientes recursos presupuestarios, se orienta más en el nivel primario y medio, a la formación de mano de obra calificada ( obreros del campo y la ciudad, artesanos, empleados de oficina y burócratas menores) para las actividades elementales de los sectores: agropecuario, de transformación y servicios, que si bien generan empleos lo hacen en escala insuficiente y con salarios exiguos, como tampoco fomentan la investigación y se atienen al uso de tecnología en su mayor parte importada y obsoleta. Es grave la deficiencia en el aprendizaje de las ciencias físico-matemáticas, por la carencia de infraestructuras y equipos, recursos financieros, personal docente y programas de enseñanza idóneos. Como resultado se tienen enormes cifras de egresados no aptos para estudios superiores, que requieren de previa capacitación en física, química y matemáticas. La organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) informa que México ocupa el último lugar en aprovechamiento escolar entre los 34 países que pertenecen a la organización. Esta situación data de por lo menos los primeros 15 años del presente siglo. En los últimos seis sexenios que registran las peores cifras del producto interno bruto (PIB), los profesionales egresados de las instituciones oficiales de educación superior han enfrentado y enfrentan una alarmante situación de desempleo y subempleo. Muchos graduados a nivel de licenciatura ante la falta de vacantes o por los salarios no remuneradores que se les ofrece en el ejercicio de sus carreras, prefieren dedicarse a otras actividades como empleados de comercio, operadores de taxis y autobuses, servidores públicos en áreas ajenas a su profesión, etc. ¨Por otra parte, es notorio que los profesionales egresados de las instituciones privadas en su gran mayoría tienen asegurado el empleo en las empresas particulares, de las que sus familiares o amistades son socios o directivos, y en los últimos tres sexenios la nómina oficial de la alta burocracia ha cobijado de preferencia a profesionales extranjeros o egresados de instituciones privadas nacionales. Serias deficiencias en la educación pública. Se habla en diversos foros de una tendencia hacia la privatización de la educación. Los voceros oficiales lo niegan, pero un amplio sector de la opinión pública y de los trabajadores de la educación señala como signos reveladores de esa política, entre otros, los hechos siguientes: 1. Escaso presupuesto dedicado al ramo educativo, México destina sólo el 4.6% del PIB a la educación, cuando el mínimo recomendado por la ONU es del 8%. La diversidad de organismos gubernamentales involucrados en el manejo de los recursos, la falta de coordinación entre ellos y la falta de definición constitucional en cuanto a responsabilidades de los tres niveles de gobierno, Federación, Estados y Municipios, afecta al desarrollo de la escuela pública y convierte a la educación en mercancía que aprovechan los comerciantes como cualquier otro producto vendible. 2. Infraestructura deficiente de las escuelas públicas, aulas y equipos escolares insuficientes, baja preparación de los maestros, planes y programas orientados a la formación de sólo alfabetizados funcionales y mano de obra calificada para servir como obreros urbanos y del campo y únicamente como empleados de servicios. Esto deja a las clases de bajos ingresos sin posibilidad de acceso a niveles superiores de educación y cultura y, en consecuencia, sin posibilidades de formar sus propias clases dirigentes. 3. Libros de texto que se modifican según la ideología de cada sexenio gubernamental; con escaso contenido en ciencias físicas y matemáticas, historia y civismo, por lo que las familias --no muchas, por cierto--, con posibilidades, de dar una mejor educación a sus hijos tendrán que realizar otras erogaciones que van a parar a manos de mercaderes. 4. Intromisión de la política partidista en el seno de las organizaciones sindicales para debilitarlas, y de esa manera evitar que los auténticos sindicalistas presenten un solo frente con propuestas reivindicadoras de la verdadera función de la educación, que es el único recurso que libera de la ignorancia, el fanatismo y la explotación. 5. Aumento en el número de escuelas privadas desde el jardín de niños hasta la universidad, en las que la educación es una mercancía sólo al alcance de clases sociales de alto poder adquisitivo. La insuficiencia del número de escuelas públicas excluye a miles de aspirantes que no encuentran cupo y se convierten en clientela potencial de los que lucran con la educación. 6. Evaluación del desempeño docente a cargo de una empresa privada (CENEVAL) que actúa con un criterio empresarial, punitivo y orientado a seleccionar personal útil para laborar en empresas lucrativas. No toma en cuenta que el maestro tiene una función social en la organización y desarrollo de la comunidad, que la calidad del trabajo del educador requiere de la implementación previa de recursos presupuestarios, de infraestructura, equipo e instrumental, órganos de capacitación, planes y programas y tecnología de la educación de última generación. Buscar evaluar el desempeño docente sin antes evaluar la política del Estado aplicada al ramo de la educación, sin contar con el consenso de las partes interesadas, es tan simplista como examinar y calificar un objeto sin conocer el sistema que lo produce. La calidad del ejercicio magisterial es producto del sistema educativo nacional y si no se modifica de manera positiva esa política los resultados seguirán siendo los mismos. División en el magisterio nacional y otros vicios de la educación pública y privada. A partir de 1988 se inició una campaña contra el sindicato nacional de trabajadores de la educación (SNTE), con el fin de profundizar la división existente desde los años 50’s del siglo XX y debilitar al movimiento magisterial. El SNTE con su afiliación superior al millón y medio de trabajadores, tenía un considerable peso en la política nacional. Un importante núcleo de trabajadores creó la coordinadora nacional de trabajadores de la educación (CNTE), que desde entonces ha continuado la lucha por el mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal docente y administrativo, la desaparición de acciones punitivas contra los maestros disidentes a quienes se aplican exámenes amañados para reprobarlos, la construcción de más escuelas y la elaboración de programas educativos de nivel básico y media superior que contribuyan a la educación integral de los educandos. Han existido propuestas dirigidas a promover y realizar la unificación del magisterio nacional, pero ha prevalecido el afán de mantener la división porque así conviene a los intereses creados dentro del sistema político. Los maestros que laboran en escuelas privadas del nivel básico, secundaria y media superior, carecen de salarios dignos y demás prestaciones que otorga la ley. En torno de la acción educativa tomada como mercancía gira una serie de actividades comerciales, como venta de materiales escolares, vestuario deportivo, viajes, eventos diversos que generan gastos a los padres de familia y elevan los costos de la colegiatura. Solo familias de alto poder adquisitivo inscriben a sus hijos en estas escuelas. Escasa calidad educativa de las instituciones privadas. Se ha incrementado el número de universidades e institutos tecnológicos del sector privado. Imparten carreras liberales y técnicas a nivel de licenciatura y también otorgan grado de maestría y doctorado en varias especialidades. Pero la mayoría de esas instituciones carecen de infraestructura, personal calificado y recursos de inversión para investigaciones de alto nivel. Algunas de esas instituciones han recibido indebidamente apoyos financieros del (CONACYT), como lo han probado numerosas auditorias practicadas por el nuevo régimen.. En cambio, es reducido el número de universidades públicas e institutos tecnológicos dependientes de la Secretaría de Educación Pública, y todas estas instituciones educativas exigen exámenes de admisión a los aspirantes. Gran número de jóvenes se quedan sin inscripción cada año por falta de cupo. Las crónicas deficiencias en la educación media superior oficial han contribuido a la escasa preparación de los egresados que aspiran a ingresar a las instituciones de educación profesional. Además de los exámenes, en algunas escuelas o facultades que imparten carreras muy sofisticadas o que tienen estrecha relación con inversiones en artes gráficas, por ejemplo, cinematografía, se realizan entrevistas que sirven de filtro para discriminar a aspirantes, inclusive los que aprueban los exámenes con altas calificaciones, que por su ideología o condición de clase se supone arbitrariamente no calificados para la carrera. Ha prosperado una línea de planteles improvisados que imparten cursos de capacitación para el ingreso a la UNAM, UAM, e IPN. Y se han convertido en un negocio más propiciado por la ineficiencia de la educación pública. En 2021 el presupuesto asignado a la Secretaria de Educación Pública (SEP) fue de 836,400 millones de pesos, que no refleja ningún incremento respecto al presupuesto del año anterior. No prevé recursos para la educación a distancia de los niveles básicos y superiores que se hace necesaria por la presencia de la pandemia de Cobi 19, ni la aplicación de modernas tecnologías apoyadas en la cibernética para la realización de programas educativos de nivel avanzado. Ausencia de un plan alimentario nacional. En 40 años de neoliberalismo 1982-2018, no se implementó ningún plan alimentario, el costo de la canasta básica estuvo siempre por encima del salario mínimo, las cifras inflacionarias permanecieron arriba del incremento salarial. En tiempos del llamado desarrollo estabilizador (1955) existió la Dirección general de Precios y la Comisión nacional mixta de los Salarios Mínimos, que de alguna manera incidieron en el equilibrio de los dos factores de la economía familiar de los trabajadores: salario y canasta básica. . El incremento salarial para compensar la inflación, que debiera ser de cuando menos 45% del salario real de acuerdo con las recomendaciones internacionales, se ha mantenido apenas alrededor del 25%. El pago del incremento se siguió disimulando en el periodo del nuevo liberalismo con el nombre de aguinaldo y de reparto de utilidades, que ya se venían manejando desde sexenios anteriores. Una parte de éste se entrega mediados de año o en otra fecha y el resto a finales del año, en diciembre. Los sindicatos de empresas y de los trabajadores al servicio del Estado reciben incrementos salariales en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo. Vales en lugar de efectivo en el pago de salarios. En el gobierno se hizo costumbre pagar a los trabajadores con vales, contraviniendo la ley que señala que los pagos deben ser en efectivo; los dichos vales sirven como compensación por la diferencia del aumento no concedido al salario en la nómina mensual. Como consecuencia ni el importe del aguinaldo ni el de los vales pasaban a formar legalmente del importe total del salario del trabajador para fines de jubilación y otras prestaciones Por otra parte, pagar al trabajador con vales es como atar sus compras de bienes de consumo a determinadas tiendas con las que se tienen convenios, mismas que resultan las ganadoras porque aseguran sus ventas millonarias y pagan sus impuestos al cobrar los mismos vales que recibe., como quien dicen pagan las contribuciones con mercancías. Desaparecieron las tiendas CONASUPO en 1999 , se redujo a 27 el número de almacenes rurales y 7 almacenes centrales en todo el país, que proveen de productos de la canasta básica a comunidades en situación de extrema pobreza. Se dejaron de promover las tiendas sindicales, consideradas de interés social, por el insidioso ataque de las cámaras de comercio que alegaban una competencia desleal de dichas tiendas. Al desaparecer Conasupo se acabaron los precios de garantía a los artículos de consumo popular y se dejó a las leyes de la oferta y la demanda del mercado libre la cotización de los productos básicos de la dieta popular. A partir de 2018 entró en funciones el programa denominado seguridad alimentaria mexicana (SEGALMEX) que tiene a su cargo las dependencias llamadas LICONSA y DICONSA derivadas de la antigua CONASUPO. La existencia de la antigua CONASUPO cubrió, sin duda, un aspecto de la necesidad de resolver en parte el problema diario de la alimentación de millones de hogares mexicanos en situación de pobreza. Su orientación de tipo comercial y su bajo nivel de coordinación con otras dependencias oficiales y privadas, no ayudó mucho a ese propósito, pues para la magnitud del problema alimentario hace falta un plan nacional bajo la administración de una institución con categoría de una secretaría de Estado, que pueda incidir eficientemente en todos los aspectos que tienen que ver con la producción, distribución, comercialización, regulación de precios, control de la calidad, importación en los casos necesarios, de todos los insumos de la dieta popular, además de la responsabilidad de coadyuvar con las instituciones de salud en el mejoramiento de la alimentación de los grupos vulnerables. Además de controlar los precios de garantía que se deben pagar a los productores, es necesario orientar y estimular el cultivo de las especies alimenticias de mayor demanda de la producción agropecuaria y con mayor contenido de nutrientes, así como contribuir a que los productos industrializados destinados a la alimentación que se exhiban en las tiendas de interés social, reúnan las condiciones normativas de calidad de su contenido nutricional. Abandono de la promoción de la vivienda popular. Los programas de la vivienda popular a cargo de INFONAVIT y de FOVISSTE no tuvieron mayor impulso que en los gobiernos anteriores al periodo neoliberal. Se privilegiaron los créditos para la construcción de viviendas a las inmobiliarias privadas, que se aprovecharon de las situaciones irregulares que existían en la enajenación de tierras ejidales y comunales para expandir la mancha urbana. Tal situación contribuyó a agudizar el problema de la irregularidad en la tenencia de la tierra y la falta de certeza jurídica de la propiedad privada. El gobierno intentó resolver el caso con el programa de certificación de los derechos ejidales (PROCEDE) como paso previo para la privatización de las tierras Los ejidatarios tenían que probar antes que eran propietarios para poder enajenar sus parcelas a particulares. En el primer semestre de 2021, el registro único de vivienda (RUN) reporta un incremento de 156% en comparación con las cifras del año anterior, lo cual representa la construcción de 113 mil viviendas distribuidas en las categorías de vivienda tradicional y vivienda media residencial. Deficiencias en los servicios de Salud Pública. En el área de la salud, el enfoque neoliberal, durante 36 años (1982—2019), se centró en la disminución de recursos presupuestales para el sistema de seguridad social representado por el IMSS y FOVISSTE, Es ampliamente conocido el estado de abandono en que se mantuvo a los servicios médicos de primer nivel de ambas instituciones: numerosas plazas de médicos y de personal auxiliar sin cubrir, escasez de medicamentos, de equipo e instrumental. En los hospitales públicos, los servicios de segundo y tercer nivel presentaban deficiencias en los protocolos de tratamiento médico y en el trato social a los derechohabientes. Parecía que el propósito era desprestigiar a las instituciones de seguridad social para pretender justificar la entrega del sistema de salud a la inversión privada. Desde antes, recién inauguradas las grandes instalaciones del IMSS en el sexenio 1958—1964, se inició un ataque alentado en el interior mismo del Instituto, para minimizar la importancia de las prestaciones sociales, atendidas por los Centros de Seguridad Social para el Bienestar Familiar, que fueron creados con el propósito de coadyuvar con los servicios de Medicina Preventiva a la promoción de la salud de los derechohabientes y sus beneficiarios, e inclusive de la población abierta. Con el pretexto de que hacían falta instalaciones para los servicios médicos y administrativos se empezó a invadir los espacios dedicados a actividades culturales y sociales de las citadas unidades. En todo el sistema de seguridad social, las actividades de Medicina Preventiva no han alcanzado un desarrollo suficiente para incidir de manera positiva en los costos de la atención médica y hospitalaria. Se hace énfasis en la impartición de servicios de la medicina curativa, que tiene un elevado costo en infraestructura hospitalaria, nómina de personal médico, paramédico y administrativo, consumo de medicamentos y pago de prestaciones en dinero por riesgos de trabajo. Las inversiones en salud pública dedican menor presupuesto a las actividades de prevención, en tanto que las erogaciones para la construcción de clínicas y hospitales son enormes, para beneficio de las compañías constructoras y de los grandes proveedores de medicamentos y demás insumos. La Ley del Seguro Social establece las prestaciones sociales como un recurso institucional para la protección de la salud y para abatir los costos de las prestaciones médicas y de las prestaciones en dinero por riesgos de trabajo. A través de programas de educación para la salud y de mejoramiento de la vida en el hogar, que comprendían cursos de primeros auxilios, higiene general, higiene materno infantil y de prevención de riesgos, economía doméstica, actividades deportivas y artísticas orientadas al mejor aprovechamiento del tiempo libre, los Centros de Seguridad Social han contribuyeron y siguen contribuyendo, aún con deficiencias por el abandono en que se han tenido, a presentar una imagen digna de los servicios de seguridad social en materia de prevención de riesgos contra la salud. En los años 80’ se inició en el IMSS el programa de las guarderías participativas, bajo el esquema de la organización de Guarderías IMSS-Asociación Civil, que de hecho se convirtió en la antesala de la privatización de los servicios de guardería del Instituto. El esquema dio paso a varios actos de corrupción, como la inscripción de niños no derechohabientes o no asistentes, el inflado de las cifras de gastos de personal e insumos, favoritismo en los convenios de servicios para beneficiar a familiares de los encargados y descuidos en la seguridad de los niños. Tal estado de cosas desembocó en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo en 1909, en donde murieron 49 criaturas en un incendio producto del descuido, irresponsabilidad y abandono criminal de autoridades y encargados de los servicios. Este lamentable hecho permanece en la impunidad. Otra forma de beneficiar a la inversión privada en el ramo de la salud, se maquinó al crear el seguro de gastos médicos mayores para los trabajadores de categoría de jefe de departamento hacia arriba, en las dependencias de gobierno federal La cuota se descontaba de la nómina y se dio como una prestación que no incidía en el cómputo del salario para la jubilación y otras prestaciones. Es sabido que los seguros de gastos médicos mayores son un filón de oro para las empresas aseguradoras, pues este tipo de servicios son los menos solicitados por su menor incidencia, y cuando ocurren esos riesgos, los hospitales privados que atienden al beneficiario se dan vuelo para inflar los gastos médicos con fines inconfesables, como el impacto en los costos de servicios y otras acciones encaminadas a evadir o eludir los impuestos a pagar. Los programas de atención médica a población abierta, no derechohabiente ni beneficiaria de ningún otro servicio asistencial, como el conocido como IMSS-COPLAMAR, impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Coordinación para la Atención de las Areas Marginadas, en el sexenio 1976—1982 y años posteriores, fue retomado por los gobiernos neoliberales , con otro nombre, y con un enfoque de beneficencia pública y no de solidaridad social con el que fue creado. Ha existido el propósito de homologar los servicios médicos para crear un solo sistema de Salud Pública, pero se ha dificultado su realización por la existencia de diversos subsistemas como son el IMSS, el FOVISSTE, la Secretaría de Salud, los servicios médicos del Ejército y la Marina, además de otras modalidades de atención médica a trabajadores del Servicio exterior y de PEMEX. Cada subsistema tiene su propio esquema de financiamiento, y aunque la administración de clínicas y hospitales y los protocolos de atención médica obedecen a tecnologías compartidas por todas esas instituciones, hay otros aspectos de carácter financiero, político y sociocultural que hay que resolver. En el año 2000 el número de personas sin afiliación a ningún servicio de seguridad social era de 55.6 millones. En 2018 con la implementación del seguro popular la cifra disminuyó a 22.4 millones de personas (INEGI,2019) y actualmente se prevé que para el 2024 el Instituto de Salud para el Bienestar, que vinoa sustituir al Seguro Popular, habrá reducido a 11.8 millones el número de personas sin afiliación a los servicios de salud (DOF 2020).. Es necesario que a la par que se incrementa el número de afiliados a INSABI también se aumente el presupuesto destinado a los servicios. MORENA, un nuevo partido en el poder. MORENA , acrónimo o abreviatura de Movimiento de Regeneración Nacional (MRN), y el propio Movimiento aunque pudiera pensarse que son lo mismo, no lo son. MORENA es un partido político nacional configurado al estilo de los demás partidos, con una estructura cupular y representaciones en los Estados, con Estatutos y demás documentación que exige el INE a los partidos. Es decir, con una estructura organizacional y funcional elemental comprobada en papeles y de alguna manera en la práctica con militantes y simpatizantes que participan con su presencia en mítines, marchas, asambleas, encuestas y deliberaciones y apoyan con su voto en las elecciones nacionales y locales. La ideología y las acciones del partido están de cierto modo inspiradas en los objetivos del MRN, pero, insisto, no son la misma entidad desde el punto de vista político. El MRN representa una movilización de masas populares, de extracción muy diversa, compuesta de varias clases sociales, desde las de mayor marginación que viven en el medio rural y las más desprotegidas de las barriadas citadinas, hasta miembros de clases sociales encumbradas, pasando por una clase media plural en la que convergen profesionales, obreros y artesanos calificados, pequeños y medianos empresarios , burócratas y una amplia gama de ciudadanos a quienes se cataloga de manera imprecisa como sociedad civil. MORENA , como partido, a dos años de haber ganado la Presidencia de la República, la mayoría de las Gubernaturas de la Federación y de los escaños del Congreso de la Unión y los Congresos locales, así como numerosos Municipios a nivel nacional, no muestra evidencias de un partido consolidado y actuante en la práctica con una ideología definida que la distinga como abanderado de la Cuarta Transformación (4T) que proclama. Hasta ahora, el sustento de los gobernantes morenistas, desde el Presidente de la República hasta el último presidente municipal, es la movilización social que ganó las elecciones de 2018 y que aún permanece activa y militante, fiel a su compromiso de combatir la corrupción, defender el patrimonio nacional, abatir la pobreza extrema de las comunidades desamparadas y fortalecer la soberanía y la dignidad de la Nación. Al principio señalé que MORENA como partido político no es lo mismo que el Movimiento de Regeneración Nacional (MRN); afirmé también que el verdadero sustento del gobierno morenista, en la actualidad, es la movilización social heterogénea que arrasó en las elecciones de Julio de 2018. A MORENA le falta para consolidarse un programa de acción bien estructurado, una ideología definida, identificada realmente en lo económico, político, social y cultural con los más elevados principios de las revoluciones de Independencia, de la Reforma Laica y de la transformación democrática surgida en la década de 1910. El MRN logró en 2018 una verdadera revolución pacífica al derrotar en las urnas a una coalición de partidos que se empantanaron por más de treinta años en una nueva versión del liberalismo, supuestamente progresista, pero más bien sujeta a los dictados de un capitalismo imperial que se resiste a morir. El partido surgido del MRN se convirtió en un organismo dentro de otro organismo que lo alimentó con todo el capital político alcanzado en la histórica contienda electoral. Casi se volvió un parásito. Delegó en el Ejecutivo la lucha cotidiana a nivel federal, estatal y municipal y en todos los aspectos de la economía, la política, la cultura y la confrontación con la reacción conservadora y de algunos críticos surgidos del fuego amigo. MORENA requiere de una reorganización a fondo, con dirigentes idóneos que reúnan inteligencia, capacidad, dinamismo, honestidad y lealtad. No puede confiarse la dirección del partido a elementos de dudoso comportamiento, con historial contaminado por la pertenencia a otras corrientes partidistas regresivas proclives a alianzas que atentan contra los intereses nacionales. Hay suficientes recursos humanos de reconocida solvencia intelectual y moral, de auténtica militancia en la democracia social que parece identificar al gobierno actual, para fortalecer al partido de la 4T. Pero no hay espacio para confiarse de ciertas apariencias. Las elecciones de 2021 de Gobernadores, diputados federales y locales y presidentes municipales sirvió para definir la continuación temporal de la revolución social pacífica hasta 2024, pero la pérdida de la mayoría calificada en las Cámaras legislativas pone en riesgo si no refrenda el triunfo en 2024, todo lo hecho hasta ahora y la 4T ingresaría al archivo de los intentos frustrados de un cambio positivo en la vida nacional. El triunfo electoral indiscutible. El día primero de Julio de 2018, se consumó el histórico triunfo de la oposición popular en las lides electorales. Después de 110 años de iniciado en 1910 el movimiento democrático que se consolidó con la creación de la III República consagrada en la Constitución revolucionaria de 1917, podemos decir, a pesar de la opinión contraria de la reacción conservadora y de los radicales de la extrema izquierda, que la nación mexicana tiene por primera vez en su historia un gobierno electo por las mayorías. Los voceros de ambas oposiciones, agrupados en el ala derecha o ultraderecha de los partidos PRI, PRD, PAN y sus satélites, y hasta algunos del mismo partido MORENA así como muchos más diseminados en diversos grupos políticos, señalan que 30 millones de votos no son la mayoría del padrón electoral, pero no dicen que esos 30 millones sí son la mayoría de los que votaron en julio de 2018. El resto de votantes se reparte entre los demás partidos satélites, --éstos ideados irónicamente para dividir y confundir la elección--, además de los miles de incapacitados y hasta muertos que aparecen en el padrón electoral. La enorme masa de irresponsables que se abstuvieron de votar, no cuentan como fuerza ciudadana porque se conforman con su estado actual o son fanáticos del “me importa poco quien gane, todos son iguales”. Desde cualquier punto de vista, desde cualquiera posición política, un triunfo arrollador de la oposición es digno de ser examinado con atención por ganadores y perdedores, para aprender lo no conocido y con lo bien experimentado organizar las luchas posteriores. Un plan de gobierno innovador en marcha. El 1º de diciembre de 2020 asumió el poder un movimiento popular motivado, entre otros, por los siguientes objetivos: 1) erradicar la corrupción o podredumbre en el manejo de los presupuestos públicos, 2) defender el patrimonio nacional, energéticos y minas y servicios estratégicos que se han estado entregando al extranjero, 3) atención de los principales factores del bienestar social: alimentación, vivienda, salud y educación de las clases sociales marginadas, 4) inversiones del capital privado y extranjero con estricto apego a las leyes mexicanas, y 5) elecciones limpias, sin fraudes, que sean la expresión de la libre voluntad popular. Se dejó en segundo término, un tanto al margen, otros factores del bienestar, como el ingreso por empleo y las prestaciones sociales, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, los derechos sociales consagrados constitucionalmente y la seguridad y protección civil. Aunque se entiende que éstos reciben cumplimiento en la medida que lo permite la atención de los temas prioritarios. El despertar cívico del pueblo mexicano. Sin prejuzgar las posibilidades de que el partido que ganó las elecciones, pueda o no cumplir cabalmente con sus promesas y mejorar sus planteamientos, a lo largo del sexenio 2018-2024, podemos afirmar que la derrota electoral de dos partidos (PRI y PAN) de gran trayectoria política en el escenario nacional, representa el despertar de la conciencia cívica de todo un pueblo que se creía fatalmente condenado a permanecer atado a los caprichos de una oligarquía audaz y depredadora. Sí, de una oligarquía en que degeneró hacia mediados del siglo XX todo el movimiento revolucionario que tuvo destellos de avance democrático, realizado con altibajos, en la etapa constructiva de 1920 a 1940 , en el periodo cardenista y en la llamada década del desarrollo estabilizador, 1958-1968. El triunfo electoral de MORENA en 2018 representa para ese partido un enorme capital político, que bien aprovechado puede significar una verdadera revolución pacífica, que tanta falta a nuestro país, en un mundo convulsionado y proclive a la guerra devastadora. Sería una lástima que se desperdiciara un gran esfuerzo popular a favor de un movimiento cívico transformador, si se diera la falta de consolidación del partido, el incumplimiento de las metas ofrecidas y la ausencia de definición política claramente popular y reivindicatoria. Ya sabemos que actualmente no existen aún las condiciones objetivas y subjetivas para el establecimiento de un gobierno francamente revolucionario en México. Ha habido y hay cuando más algo parecido a la social democracia, la democracia cristiana o un ensayo de teología de la liberación. No se puede esperar que haya milagros. A dos años de distancia de las elecciones de 2018, es factible hacer una evaluación del desempeño del nuevo régimen, en los aspectos económicos, políticos y sociales. Es sabido que la maquinaria oficial es muy pesada y que movilizar todas las palancas y resortes se lleva tiempo¸ por eso alguien comparó al gobierno federal con un “elefante reumático”; pero si el nuevo régimen tiene metas y objetivos muy precisos, existe la voluntad política de darles alcance y se motiva el interés de toda la burocracia en ese sentido, es posible descargar en todo el sistema la energía suficiente para mover con agilidad toda la estructura gubernamental, y de esta manera presentar resultados significativos. Los expertos de la macroeconomía, o sea la economía en grande, utilizan el concepto de Producto Interno Bruto (PIB) para asignar un valor a toda la producción de bienes y servicios de un país o región en el periodo de un año. También utilizan el Producto per Cápita (PPC), o sea el ingreso promedio por habitante (IPH) resultado de dividir el PIB entre el número de habitantes del censo del mismo año. Ambos términos, PIB y PPC se usan para evaluar el nivel de desarrollo de los sectores primario (agricultura, ganadería), secundario (industrias extractivas y manufactureras) y terciario (servicios en general), tomando en cuenta también el consumo interno y la exportación. Son necesarios nuevos enfoques. El titular del Ejecutivo, en fechas recientes, ha señalado que tanto el PIB como el PPC no muestran con claridad el nivel alcanzado en el área del bienestar social. En efecto, el PIB sólo da idea del volumen de la producción de bienes y servicios, que por lo general está en manos de de la inversión pivada (IP), los poseedores de los medios de producción, personas físicas y morales, dueños o concesionarios de campos de cultivo, bosques, reservas de agua, minas, pozos petroleros, fábricas y talleres, y no dice de la participación del grueso de la población en el disfrute de esos bienes y servicios. Por su parte, el PPC es una cifra general inaplicable a las diversas clases sociales de la población, entre las cuales hay diferencias muy marcadas en el nivel de desarrollo económico-social. En mi opinión, los índices de bienestar social se deben obtener de las cifras que arroje el desarrollo de cada uno de sus factores, entre los cuales sobresalen la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. Además de la ocupación o empleo, el ingreso, la recreación y la seguridad. El INEGI tendría el compromiso de ampliar el Catálogo Nacional de Indicadores y con base en éste formular la metodología para recopilar, organizar y examinar la información estadística nacional de cada uno de los factores mencionados, con el fin de presentarlos en gráficas y tablas accesibles a la población y útiles como instrumentos de evaluación cuantitativa para la formulación de los planes de gobierno. El desarrollo económico afectado por diversos factores. La tasa de crecimiento del PIB de 2018 fue una vez revisada de 2.2% y en 2019 alcanzó el -0.3%. El PIB de México en el primer trimestre de 2020 fuede 277,226 millones de euros,con lo que México se ubicó como la economía 14 en el ranking del PIB trimestral de 50 países estudiados.En el trimestre enero-marzo de 2020 la economía mexicana registró una tasa de –0.03% , inferior al cuarto trimestre del año anterior que registró una tasa de-0.06%. En general los sectores productivos en México tienen un bajo desempeño en los dieciocho meses del régimen actual. A mayo de 2020 se registran cuatro trimestres consecutivos de contracción económica. El sector primario, que agrupa agricultura, ganadería, actividades forestales, caza y pesca fue el único que tuvo un crecimiento de 1.1% en el comparativo anual de 2019. El sector secundario, que comprende minería, industrias manufactureras, producción y distribución de energéticos, registró bajos resultados Es de tomarse en cuenta que entre los factores que han influido sobre el comportamiento del PIB están la depresión económica que afecta a muchos países y de manera severa al nuestro, y la pandemia viral que ha trastornado seriamente la economía y la calidad de vida de la población mundial. El primer semestre de 2020 presenta un panorama deprimido en el cual han sido perjudicados los tres sectores de la economía nacional. Más de 80 millones de personas han sido confinadas en sus hogares para resguardarse del contagio, las escuelas públicas y privadas suspendieron las clases, numerosas empresas industriales y comerciales consideradas no esenciales han cerrado sus puertas para contribuir a mantener la sana distancia entre la población Se produjo un incremento del desempleo porque muchos trabajadores fueron despedidos por el cierre de los negocios; las pequeñas y medianas empresas se ven en apuros para recuperar y mantener la planta productiva; los pequeños comerciantes, fijos, semifijos y ambulantes y los trabajadores asalariados de bajos e irregulares ingresos, se han visto en situaciones muy difíciles con grave exposición a las carencias de alimentos y mayor exposición a la pandemia y las demás enfermedades endémicas. El descenso en la economía mexicana en 2020 se señala en 8.97% según cálculos del Banco de México. El desplome del PIB se calcula en -1.2% para el primer trimestre, respecto al cuarto trimestre de 1919, y se prevé que seguirá en descenso hasta el primer trimestre de 2021. El Producto per Cápita de México está por debajo de los primeros 40 países de un total de 50 encuestados. En este escenario crítico, destaca la política hacendaria que se ha significado por una campaña permanente enfocada a la ´protección de los recursos para evitar los gastos superfluos, promover la austeridad y sobre todo la recuperación de enormes cantidades de impuestos, miles de millones de pesos, ilegalmente retenidos por grandes empresas que se han aprovechado de lagunas legales para evadir y eludir el pago de las contribuciones fiscales. Eso ha creado, en el dicho de comentaristas de la oposición, una confrontación que señalan como nueva, cuando en realidad esa confrontación ha existido siempre, si bien ha sido disimulada por arreglos subterráneos que han conducido a la impunidad. Medidas de emergencia para afrontar la crisis. El gobierno ha estado implementando varios mecanismos de apoyo económico para diversos sectores de la población. Por ejemplo, a las pequeñas empresas con 1 a 10 trabajadores afiliados al IMSS se les otorgó un crédito a la palabra por 25 mil pesos, pagaderos en abonos con un rédito muy bajo a un plazo de cuatro años, con el fin de mantener su nómina. A los trabajadores del campo de escasos recursos, se les ha refaccionado con fondos para mantener los cultivos de autoconsumo; se implementó un programa extensivo de reforestación con plantas frutales y maderables para dar empleo a trabajadores del medio rural y contribuir al mejoramiento ambiental; las becas a los estudiantes de todos los niveles se mantienen, no obstante estar suspendidas las clases; las madres de familia de las guarderías reciben apoyo económico y las sociedades de padres de familia de las escuelas primarias han recibido fondos para el mantenimiento de los planteles. Los adultos mayores reciben cada bimestre una pensión de 2,620 pesos, del cual se les han hecho adelantos hasta el mes de octubre del año en curso, y a partir de enero de 2021 se incrementará a 2,700 pesos. Las entregas de dinero se hacen directamente a los beneficiarios por conducto bancario, se evitan los intermediarios por la nefasta experiencia de que en administraciones anteriores los fondos llegaban mermados a su destino por prácticas ilícitas. La entrega de estos recursos a la población más necesitada cumple con una función social, la de paliar un tanto la difícil situación económica de grandes núcleos marginados. Significa apenas una porción de los beneficios que recibirían si el sistema de economía política estuviera enfocado a privilegiar los derechos sociales en lugar de los privados. Pero tampoco se puede proseguir en ese plan de redistribución de la riqueza social. El presupuesto nacional debe dedicarse al fomento del patrimonio social como son las comunicaciones, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos; a la construcción de escuelas de todos los niveles, a becas para estudiantes y profesionales y fomento de la investigación científica. Esos recursos deben servir para incrementar la producción del campo con la formación de cooperativas que utilicen el potencial de las tierras ejidales y comunales; así como cooperativas de obreros y artesanos que operen plantas productivas de diversos artículos de consumo popular. Se debe procurar en el plazo de 4 años que le quedan al régimen lopezobradorista sentar las bases para recuperar la intervención del Estado en la totalidad de las empresas paraestatales de carácter estratégico. Hace falta fomentar las tiendas de interés social como las que patrocinó CONASUPO en años atrás, y las tiendas sindicales que fueron abandonadas, cuando el empresariado (Canaco) protestó por una supuesta y nunca comprobada competencia desleal. Situaciones heredadas y su impacto en el equilibrio inestable. Los trimestres tercero y cuarto de 2020 se ven difíciles de remontar, por la incertidumbre que hay sobre la evolución de la pandemia actual, por la crisis económica y sus antecedentes que datan de tiempo atrás; también por la amenaza latente de inundaciones, sismos, incendios forestales y otros desastres recurrentes en la historia nacional .El desempleo endémico en el país ha incrementado la expulsión de mano de obra al extranjero, principalmente a EE.UU., en donde se alcanzó, en 2018, la cifra de 38.5 millones de migrantes mexicanos. Ellos en su mayoría se dedican a actividades agrícolas, manufactureras y de servicios y de sus ingresos salariales envían a sus familias en México remesas que superan los 35 mil millones de dólares anuales. Este ingreso destinado a las clases más necesitadas de nuestra población significa un apoyo muy importante a la economía nacional. Sin embargo, México no debe estar esperanzado a que la exportación de mano de obra resuelva los problemas de sobrevivencia de una gran parte de la población. Un grave incidente que parece premeditado. Apenas inaugurado el gobierno de MORENA, una oleada de miles de migrantes procedentes de Centroamérica, principalmente de Honduras y Guatemala, que buscaban ingresar a EE.UU, vía México, creo una situación de emergencia que el gobierno mexicano afrontó con acertadas medidas diplomáticas, de protección de los derechos y de salvaguarda de la dignidad nacional y de la solidaridad con los países centroamericanos. La pandemia en fase de empeoramiento. El año 2021 empieza con un recrudecimiento del ataque de la pandemia Covid-19 que ha causado un enorme daño a la población más de 100,000 defunciones, al grado de que prácticamente se está en estado de alerta media en toda la extensión nacional, salvo dos estados, Campeche y Chiapas, que están en una situación baja de incidencias. No se ha caído en el endeudamiento acostumbrado por otros regímenes en estos casos, hay suficientes recursos para adquirir las vacunas que ya hicieron su aparición y se están aplicando, en primer término al personal de salud que está en la primera línea de batalla y se continuará en breve tiempo con los sectores más vulnerables. Promesas de campaña en vías de realización. Cuatro de los principales propósitos del régimen lópezobradorista, el nuevo aeropuerto internacional de la CDMX, la refineria de Dos Bocas, el Tren Maya y el ferrocarril interoceánico del Istmo, están en marcha, a pesar de la situación de riesgo económico que implica destinar enormes cantidades de dinero a la atención prioritaria de la salud pública. La construcción de la refinería de Dos Bocas busca aumentar la producción de gasolina para el abastecimiento nacional a precios antiinflacionarios, y el proyecto de rehabilitación del complejo petroquímico pretende alcanzar la autosuficiencia en derivados del petróleo. Todo eso está bien, está basado en la mejor intención y es factible si se le aportan los recursos suficientes. Solo hay que prever las maniobras de las transnacionales, que acostumbran recurrir a prácticas desleales para dañar a las empresas nacionalistas. La construcción del Tren Maya retoma un antiguo proyecto que quedó relegado al olvido como otros a la caída del régimen porfirista. Ha sido muy controvertido por la oposición, que ha argumentado daño al medio ambiente, que es incosteable o improductivo y otros motivos, con el supuesto de que sería mejor construir una carretera en la misma ruta en lugar del tren. No tardará en definirse esta cuestión al ponerse en operación completa el Tren de la Península. La construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX es otro tema conflictivo que ha asumido el gobierno actual y al que apuesta con toda su capital político, al igual que la rehabilitación del ferrocarril interoceánico del Istmo, que resultó dañado desde 1915 por la competencia desleal del Canal de Panamá. El panorama político doméstico e internacional. En el escenario político se apunta la contienda electoral que en junio de 2021 decidirá la nueva conformación de los poderes ejecutivos y legislativos de varias entidades de la Federación. El partido en el poder enfrenta un reto formidable y tiene que echar mano de todos su capital político para buscar la confirmación de su presencia mayoritaria, misma que le ha ayudado hasta ahora a sacar adelante buena parte de sus promesas de campaña. Por su parte, la oposición ha renovado, ahora de manera abierta y declarada, una alianza de los tres partidos más conocidos, con el fin de disputar el sufragio en las próximas elecciones. Una alianza de gobernadores de la oposición, llamada Alianza Federalista, ha intentado desestabilizar el ambiente político. Son una minoría que ha hecho mucho ruido a cargo de los medios informativos tradicionalmente comprometidos con la derecha, aunque saben bien que no se puede clasificar honestamente al régimen actual como de izquierda o revolucionario. Es de tendencia social demócrata, maneja la tolerancia religiosa como recurso político, aunque procura mantener cierta distancia con el clero, sin caer en un laicismo declarado. La creación de la Guarda Nacional, implementada sin apego al concepto clásico de este tipo de fuerza pública (solo necesaria para apoyar a las fuerzas policíacas en algunos eventos o al Ejército en caso de invasión extranjera), generó críticas que hablaron de militarización del país. Esto no ocurrió porque toda la administración pública siguió en manos de civiles, y solo parte de la misma, como las aduanas, necesitaron la intervención de la fuerza pública para garantizar la aplicación de la ley. Lo que sí se dio fue la formación de un ejército paralelo, aparentemente formado por civiles, pero claramente militar y bajo mando castrense.. La inestabilidad causada por la rebelión disimulada, disfrazada de desacuerdo administrativo, de varios gobernadores, señalados como separatistas, al mismo tiempo que la agitación generada en círculos del Ejército supuestamente ligados a negocios ilícitos, dio la explicación o tal vez la justificación de la Guardia Nacional, Todavía se habla, a veces sin ninguna base sólida, de la existencia de militares golpistas. Incertidumbre en el ambiente político. ,El desenlace de la contienda electoral de 2021 no se podía predecir con certeza, por la presencia de varios factores que señalaban, en 2021, la debilidad de ambos frentes. En los dos años anteriores todos descuidaron la reorganización, unos embelesados en el triunfo y otros anonadados en la derrota. Se ha incurrido en improvisaciones en ambos bandos, y con los antecedentes no muy recomendables que arrastran varios protagonistas de primera línea, el descontento y la incertidumbre se cargan en el Debe de los que pecaron contra las aspiraciones democráticas. Cuenta también con bastante peso el entorno internacional. El triunfo de los demócratas en EE.UU., exhibe un abanico de posibles cambios en el manejo de las relaciones económicas y políticas entre México y el vecino del norte. Aunque es bien sabido que los dos partidos yanquis son las dos caras de la misma moneda. En este escenario, el gobierno mexicano estará atento a los equilibrios del poder en el ámbito mundial y tendrá que aprovechar las mejores coyunturas para mantener la estabilidad económica y política y avanzar en el fortalecimiento de la independencia y la soberanía nacional. Un proyecto revolucionario de Nación inconcluso. La revolución social iniciada en la década de 1910, con todo y su carácter primigenio de movimiento democrático burgués, significó un gran avance en la transformación de México. La Constitución de 1917 inauguró de hecho la Tercera República y abrió un panorama de realizaciones futuras que si se hubieran realizado cabalmente en los 90 años que los partidos llamados revolucionarios estuvieron en el poder, hubieran consolidado una Nación próspera, con una estructura económica, política y sociocultural de primer grado en el concierto de las naciones. Los disensos empezaron desde que se trató desde 1917 a 1920 de implantar los avances legislativos. Fue en 1920 cuando se inició la etapa de reconstrucción del país, en un medio soliviantado por las diferencias e intereses negativos de una casta militar asociada a las élites financieras y grupos de políticos improvisados. Sin embargo, hubo avances significativos. Durante dos décadas, hasta 1940 en que apareció de nuevo el retroceso ideológico disfrazado con un crecimiento económico al servicio de grupos privilegiados. De 1940 a 1980 la historia de México es de altibajos y vaivenes en la política social. En tiempos del “desarrollo estabilizador“ (1958-1968) y de la apertura política (1971-1982), se dio una imagen apenas visible de reivindicación de los derechos sociales. La represión del movimiento del 68 y la entrada del régimen neoliberal acabaron con la esperanza de lograr la consolidación de un régimen revolucionario. Hacia el año 2000 la Constitución de 1917, maltrecha, remendada, vulnerada y subvertida, y la Nación inmersa en grave crisis política, económica y de valores humanos, destruidas amabas por la corrupción galopante en los altos niveles de gobierno, dejaron ver que la Revolución había sido traicionada, que quedó inconclusa desde sexenios atrás y que había que reiniciar nuevas luchas reivindicatorias. La impericia, la irresponsabilidad, la deshonestidad y la alianza con los intereses más antisociales y negativos dejaron que los representantes de los imperios económicos, propugnadores de las leyes del mercado mundial, asumieran el poder durante dos sexenios (2000.2012) de los más improductivos y regresivos . Cuando el partido tradicionalmente oficial retomó el poder (2012-2018) el daño mayor estaba hecho y solo se abonó al desastre con más reformas que no aportaron nada bueno y solo sirvieron para aumentar la miseria del más del 50% de la población mexicana. PALABRAS FINALES. Sin seguridad pública no hay bienestar social. Desde tiempos muy remotos la seguridad de las personas y de las instituciones ha estado amenazada por diversas circunstancias: la lucha abierta o soterrada por el predominio de ciertas clases sociales; las guerras intestinas o las de invasión de potencias imperialistas. Es alarmante el índice de casos de agresión a las personas y sus propiedades por delincuentes comunes que tienen su origen en las situaciones de ignorancia, superstición, fanatismo y miseria en que se debaten grandes núcleos de población. En los últimos tiempos, se han agregado a la lista de las amenazas a la seguridad las bandas de la llamada delincuencia organizada. Se trata de grupos u organismos con una estructura y organización que les permite administrar, dirigir y controlar grandes negocios oscuros o giros negros: trata de personas y prostitución, corrupción oficial y privada, tala de bosques, tráfico de estupefacientes, contrabando de armas, etc. La presencia de esas organizaciones criminales es una grave amenaza para la seguridad pública Causas de la inseguridad y desigualdad social y sus posibles soluciones. Esta situación de inseguridad está alimentada por la existencia de grandes deficiencias en la organización estructural y funcional de las sociedades humanas. La presencia de una injusta distribución de los bienes producidos conlleva la creación de grupos privilegiados que se benefician de la mayor parte de la riqueza social y de grupos marginados que viven en condiciones de pobreza y miseria. Ningún esquema de economía política, capitalismo o socialismo, aplicada hasta ahora ha resuelto plenamente la necesidad de que los que producen bienes con su trabajo intelectual y manual disfruten equitativamente los productos de su esfuerzo. La acumulación de los bienes de producción, tierras, minas, fábricas, talleres, máquinas y diversas tecnologías, en poder de grupos privilegiados , conduce por necesidad al monopolio y la explotación de la mano de obra, dando como resultado la aparición de clases sociales que se ponen en conflicto por la repartición de la plusvalía. Se requiere instaurar en el proyecto de nación del futuro, un macrosistema en el que los subsistemas económico, político, social y cultural estén orientados a que todos los bienes de producción estén en manos de los actores que hacen posible su productividad con su personal esfuerzo físico e intelectual, y que los beneficios sean repartidos con sentido de justicia tomando en cuenta las necesidades sociales y las de cada individuo, de acuerdo con sus necesidades y la aportación de cada quién al bienestar social. No es necesario recurrir a la violencia para fundar un nuevo orden social; la guerra la emplearon en los tiempos de la barbarie y la siguen empleando hoy en día aquellos que se apropiaron y se apropian con violencia de los bienes de propiedad común para construir sus feudos y acumular riquezas mal habidas. La nueva nación debe ser producto de una acción enérgica y firme, revolucionaria y pacífica, impulsada por la fortaleza del talento y la virtud y basada en las verdades de la ciencia. La sabiduría, la honestidad, la solidaridad y la fraternidad deberán triunfar sobre la ignorancia, la hipocresía y la ambición. Ciudad de México, 2 de abril de 2022.